El Poder Ejecutivo

El Poder Ejecutivo está encabezado por el presidente de los Estados Unidos de América, electo cada cuatro años. Sus funciones incluyen las de jefe de Estado y de gobierno. La elección del titular del Ejecutivo se realiza de forma indirecta, mediante la selección, por parte de los ciudadanos, de 538 electores, quienes son los encargados de designarlo (Aguirre, 1997: 175) . El primer mandatario tiene la posibilidad de reelegirse para el cargo, aunque esta facultad fue restringida en 1951 cuando se estableció la reelección limitada a un único periodo, esto después de la experiencia de las reelecciones previas de Roosevelt, que habían roto con la consuetudinaria norma establecida por Washington al haberse retirado después del segundo periodo (Pasquino, 2004: 102).

El presidente fundamenta sus poderes en el artículo 2º de la Constitución, donde a pesar de su extrema imprecisión acerca de sus funciones particulares y sobre la distinción del cargo entre título o poder, el texto fundamental confiere al titular del Ejecutivo una fuente esencial de autoridad al decir que ‘velará por la fiel ejecución de las leyes’; de aquí deriva el enorme poder de reglamentación del Presidente. (Toinet, 1994: 132). La figura de la cabeza ejecutiva norteamericana se ha tornado así en una institución como máximo ejecutor de las normas fundido en la titularidad tanto del Estado como del ejercicio gubernamental.

El titular del ejecutivo posee la facultad de nombrar y remover a los miembros de su gabinete, aunque cada nombramiento debe contar con la aprobación formal del Senado (Aguirre, 1997: 176). Entre estas capacidades también se encuentra la de fungir como comandante en jefe de las fuerzas armadas, así como la de conducir la política exterior del país. Puede firmar tratados internacionales, los cuales deben ser ratificados por el Senado. También puede proponer a los embajadores en el extranjero que, como en el caso de los tratados internacionales, deben ser ratificados por la Cámara alta (Aguirre, 1999) . Al contrario de lo que sucede en la mayoría de los regímenes presidenciales, el número de puestos en el gabinete –secretarías- está estrictamente regulado por la ley. El ejecutivo no puede restringir ni crear secretarías sin la aprobación expresa del Congreso. El presidente, como titular indiscutible del Poder Ejecutivo, ejerce un control absoluto sobre las acciones del gabinete, cuyos miembros no tienen la posibilidad de contradecir en ninguna forma al jefe de Estado.

Además, el mandatario presidencial es el comandante en jefe de las fuerzas armadas, ejerciendo como máxima autoridad en términos de defensa y ofensiva:

El Presidente será comandante en jefe del Ejército y la Marina de Estados Unidos y de la milicia de los diferentes estados cuando se la convoque al servicio efectivo de Estados Unidos; puede requerir la opinión, por escrito del funcionario principal de cada uno de los departamentos ejecutivos, acerca de un asunto cualquiera relacionado con los deberes de sus respectivos cargos, y tendrá poder para otorgar indultos y perdones por delitos cometidos contra Estados Unidos, excepto en los casos de juicio político. (Corwin, 1987: 210)

El presidente tiene el derecho de enviar al Congreso iniciativas de ley para su discusión y su eventual aprobación. También puede vetar una ley procedente del Congreso, aunque dicho veto puede ser superado si dos terceras partes de los miembros de cada cámara legislativa votan a favor de confirmar la aprobación de la ley en cuestión (Aguirre, 1997: 176). El jefe de Estado puede ser sometido a un juicio político -conocido como impeachment- y removido de su cargo por el Congreso si se comprueba que cometió traición al país, actos de corrupción u otros crímenes o fechorías graves durante su mandato (Aguirre, 1997: 176).

Ante la ausencia total del presidente por remoción, muerte o renuncia, la jefatura del Estado y del gobierno será asumida inmediatamente por el vicepresidente. El vicepresidente es electo junto con el presidente en una misma planilla electoral el día de los comicios presidenciales. Actualmente, los candidatos a la presidencia tienen la libertad de nombrar a quien será su compañero de fórmula, designación que deberá ser avalada por la Convención Nacional del partido respectivo (Aguirre, 1997: 176). El compañero de fórmula ha sido tradicionalmente escogido con base en consideraciones relacionadas con el mantenimiento del equilibrio entre las facciones hacia el interior del partido y no necesariamente debido a sus méritos.

El vicepresidente ha tenido históricamente una función secundaria e intranscendente. Desde luego, se han dado algunas excepciones, pero la regla para la vicepresidencia ha sido hasta el momento la de constituir un puesto sin mayor repercusión política, concebida en el mejor de los casos como una ‘sala de espera’ para quienes aspiran a ocupar algún día la Casa Blanca. Al respecto, cabe recordar las palabras del primer vicepresidente de la historia de Estados Unidos, John Adams, quien encontró la vicepresidencia "demasiado inactiva e insignificante" (Aguirre, 1999). El vicepresidente funge como presidente del Senado, aunque no tiene derecho a voto en las decisiones de este cuerpo legislativo, salvo en caso de empate (Aguirre, 1997: 178).


El Poder Judicial

El papel que este Poder desempeña en este sistema es mucho más vital que en otro sistema donde exista la división de poderes, “en ningún pías del mundo los tribunales y las profesiones judiciarias desempeñan un papel tan importante como en los Estados Unidos” (Toinet, 1994: 194). Esta gigantesca importancia ya había quedado delatada en la obra de Tocqueville, La Democracia en América, cuando habla de la alta categoría que ocupa el Tribunal Supremo entre los poderes. El Poder Judicial, en particular la Suprema Corte, ha jugado un papel destacado en el sistema de checks and balances, dictando sentencias en todos los órdenes de la vida pública y privada, en cuestiones tan importantes como el federalismo, los derechos civiles, las relativas a la pena de muerte y al aborto, además en asuntos como las restricciones a las atribuciones del titular del Ejecutivo (Aguirre, 1999). Además, cabe mencionar que la propia lógica del federalismo ha sido expresada fuertemente en la estructura jurídica (Toinet, 1994: 194).

El Poder Judicial Federal de Estados Unidos está compuesto por la Suprema Corte de Justicia y por diversas cortes subsidiarias. En el territorio estadounidense existen 12 circuitos federales, en cada uno de los cuales existe una Corte de Apelación para casos relacionados con leyes federales, delitos cometidos en dos o más estados, así como casos civiles y mercantiles que involucren leyes o ciudadanos de distintos estados. Además, existen 94 Cortes Federales de Distrito, que son los tribunales de primera instancia en relación con los litigios federales.

Bajo la lógica federal ya antes mencionada, los estados cuentan con cortes supremas, así como con distintos tribunales que manejan la mayoría de los litigios civiles y penales. Cada estado cuenta con legislación propia, así como con su barra de abogados que certifica a los litigantes que pueden ejercer en la jurisdicción correspondiente. La independencia local de la jerarquía judicial igualmente es políticamente fuerte y administrativamente amplia.

Quién ha encarnado la máxima titularidad del Poder Judicial de la Federación Americana ha sido la Suprema Corte de Justicia. La función de este Poder como máximo intérprete de la Constitución otorga a este tribunal facultades extraordinarias y puede declarar inconstitucionales cualquiera de los actos de los miembros de los poderes federales y locales (Aguirre, 1999). Cabe mencionar que la anterior no es una facultad constitucional,  no obstante, ha sido ganada a pulso gracias a la propia iniciativa política de quienes han sido sus integrantes a través de toda la historia de esta nación. La Suprema Corte de Justicia es la encargada de revisar la constitucionalidad de las leyes emanadas del Legislativo así como de los actos realizados por el Ejecutivo. El Tribunal Supremo cuenta con nueve jueces vitalicios, designados por el presidente con la aprobación del Senado, todo esto respaldado en el artículo 3ro constitucional (Toinet, 1994: 197). Por su posición como principal intérprete de la Constitución, el papel político que desempeña la Suprema Corte no es nada desdeñable.

El gran número de decisiones que emanan de este tribunal y que afectan la vida cotidiana de los norteamericanos ha convertido al nombramiento de los magistrados que efectúa el Presidente en uno de los principales temas políticos del país, presente en cada elección presidencial. Por regla general, se espera que un mandatario demócrata designe jueces con tendencias liberales, mientras que un republicano se inclinará por magistrados de corte conservador (Aguirre, 1997: 178). Ya lo había apuntado Tocqueville en su obra ya anteriormente mencionada, en los jueces de esta Suprema Corte “descansan incesantemente la paz, la prosperidad, la existencia misma de la Unión. Sin ellos, la Constitución es una obra muerta” (Hoffmann, 1994: 9). Este tribual es, sin duda, el corazón y la fuente de la gran vitalidad que juega el Poder Judicial en la construcción cotidiana de todo el Sistema Político.

Cabe mencionar que para la Constitución que engendra este sistema político, la Suprema Corte es el único tribunal que existe, señoreando la doble jerarquía federal y estatal:. En otras palabras, constitucionalmente, la existencia del poder Judicial  de los EEUU reside únicamente en el tribunal supremo. En resumidas cuentas, la Suprema Corte es también Consejo constitucional, Tribunal de casación y Consejo de Estado (Toinet, 1994: 197).


Poder Legislativo

Este poder se hace manifiesto a través de un Congreso federal de estructura en dos cámaras, demostrando su herencia directa de la organización inglesa en una cámara alta y en otra baja. En lugar de una cámara de lores, hay un Senado, y en vez de una cámara de comunes, el caso norteamericano posee una de representantes de todos los estados de la federación. El Congreso es resultado de un compromiso institucional: garantizar al mismo tiempo la representación de los estados y la representación popular (Toinet, 1994: 103).

El Senado está integrada por 100 miembros electos por los estados de la Federación, para un mandato de seis años. Pueden ser reelectos de forma ilimitada. Cada estado elige dos representantes al Senado, sin tomar en cuenta el tamaño de su territorio o el número de habitantes. La Cámara alta se renueva por tercios. (Aguirre, 1999). Un tercio del Senado se renueva cada dos años. Los senadores -quienes originalmente eran electos en forma indirecta- en la actualidad son electos directamente por los ciudadanos en virtud de una reforma constitucional aprobada en 1913 (Aguirre, 1997: 177) .

La cámara baja cuenta con 435 miembros, electos mediante sufragio universal. Para esta elección, el país se divide en igual número de distritos electorales conforme a un criterio poblacional. El encargo de los representantes es de dos años y tienen también la posibilidad de reelegirse en forma ilimitada. La Cámara baja se renueva en su totalidad cada dos años, a menos que existan bajas de algunos de sus miembros, en cuyo caso se pueden presentar elecciones especiales para cubrir las vacantes conocidas como by-elections (Aguirre, 1999) .

El número de representantes de cada estado en la cámara baja es directamente proporcional a la dimensión de su población. El mandato de los representantes dura dos años. Tanto senadores como representantes tienen el derecho de intentar reelegirse indefinidamente (Aguirre, 1997: 1977).

Para el cumplimiento de sus múltiples atribuciones, ambas cámaras se dividen en distintos comités, que son responsables de estudiar y aprobar las iniciativas y propuestas relativas a su especialidad antes de ser llevadas al pleno de la Cámara respectiva. Toda la legislación que se ponga a la consideración del Congreso se discute y analiza primero en el comité respectivo, el cual está obligado a emitir su opinión al pleno de la cámara, que al final del proceso decide mediante la votación de sus miembros la aprobación o el rechazo de la iniciativa. Para que una ley sea sancionada por el Congreso, ésta deberá necesariamente contar con el visto bueno de ambas cámaras (Aguirre, 1997: 177). El sistema estadounidense requiere que la iniciativa correspondiente sea discutida y aprobada en el pleno de ambas cámaras para después ser promulgada, o en su caso vetada, por el titular del Ejecutivo.

Respecto a las enmiendas constitucionales, se requiere el voto aprobatorio de una mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros de de cada cámara, así como de la ratificación de tres cuartas partes de las legislaturas de los estados. (Aguirre, 1999).Una de las principales características que distinguen al Congreso norteamericano de otras cámaras legislativas en el mundo es la ausencia casi total de la disciplina de voto entre los legisladores. 

Tanto representantes como senadores gozan de una amplia libertad de criterio en el momento de adoptar una postura frente a las cuestiones que se discuten en las cámaras. Esta independencia es una consecuencia de las particularidades del sistema de partidos norteamericano -como lo son la verbigracia o los lobbies-.



A toda la comunidad le hago la más atenta invitación a los próximos eventos a realizarse el Viernes 4 de Diciembre en el CELE a las 14:00 hrs. Celebraremos  a lo grande la clausura del primer ciclo de conferencias sobre la historia, la cultura y la lengua helénicas.








¡NO FALTEN!

 


Abordar descriptivamente toda la noción de sistema político en el caso particular de los Estados Unidos de Norteamérica implica, de entrada, delimitar conceptualmente a que es a lo que nos referimos con la voz sistema político y lo que es un régimen y una institución política. La acepción tradicional de sistema político se refería a la interrelación entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial dentro de un marco constitucional predeterminado (Bealey, 2003: 405). Casi siempre se incluían a las instituciones políticas y su participación en la formación del gobierno y en la expresión del ordenamiento vigente.


El término ‘régimen’ se utiliza en un sentido más amplio, que comprende los métodos de toma de decisiones y los valores subyacentes en la relación gobierno -Estado. Se habla de ‘regímenes autoritarios’ y de ‘regímenes democráticos’. Pero el significado actual de ‘sistema político’ posee un mayor alcance: el conjunto de instituciones, organizaciones y procesos políticos que, caracterizados por un cierto grado de interdependencia, rigen y conforman la vida política de una determinada comunidad. (Aguirre, 1999).


En este sentido, el estudio sistémico del fenómeno político en cualquier país supone determinar si los confines del sistema se identifican, por ejemplo, con los del Estado-nación, que es el caso de nuestro tiempo; o si los elementos que lo integran, también como ejemplo, son una Constitución escrita, un Parlamento y partidos políticos.


A su vez, por instituciones se conceptualiza aquella entidad pública con estructuras y funciones designadas oficialmente, cuyo fin consiste en regular determinadas actividades concretas que afectan a toda la población. Las instituciones políticas incluyen a los gobiernos, los parlamentos y los poderes judiciales. Sus interrelaciones se hayan definidas en las constituciones. Una institución se distingue de una ‘asociación’ en que esta última se trata de una entidad voluntaria sin alcance universal, aunque las disposiciones internas de las asociaciones adoptan a veces forma institucional (Bealey, 2003: 231).


Así, los Estados Unidos de Norteamérica posee un régimen presidencial de tipo democrático, inscrito a un sistema federal. Partiendo de esta premisa, procederé a describir las fundamentales instituciones políticas del régimen y sistema político norteamericano, abordando primero el antecedente y el marco constitucional y político, posteriormente las reglas del juego – funcionamiento del federalismo, sistema electoral, - para concluir con los actores del sistema mismo - sistema de partidos-.


Ordenamiento Constitucional e Institucional


El Estado de los Estados Unidos de Norteamérica es la democracia continua más vieja del mundo. Establecido desde 1789, edificándose sobre una Constitución aún vigente promulgada en ese mismo año. Cabe mencionar que el antecedente histórico inmediato a la Constitución de 1789 fue la Declaración de Independencia de las trece colonias que fueron, posteriormente, la materia del país en cuestión. Este documento, adoptado por el II Congreso continental el 4 de julio, fue un rechazo a la autoridad política y tributaria que Inglaterra deseaba imponerles. La declaración se conforma con exponer los motivos de la ruptura, sino que propone una definición de los derechos y de los deberes de los ciudadanos, así como de los estados (Toinet, 1994: 26).





El sistema político de Estados Unidos ha conocido una estabilidad casi permanente a lo largo de su historia, salvo por la etapa de la guerra civil desatada tras el triunfo electoral de Abraham Lincoln en 1860. No obstante, cabe resaltar que pese al conflicto armado, en esa época se llevaron a cabo elecciones presidenciales y parlamentarias. Estados Unidos es “una república presidencial federal compuesta por 50 estados. [a] La constitución vigente… se le ha agregado 26 enmiendas, las diez primeras relativas a los derechos del ciudadano frente al Estado -Bill of Rights-. La estructura del gobierno está determinada por una estricta división de poderes, base del sistema de Checks and balances (verificación y balance) entre el Ejecutivo, el Legislativo y le Judicial” (Aguirre, 1997: 175). Sin embargo, esta división de poder implica, a su vez, una gran complejidad de principios teóricamente contradictorios pero prácticamente complementados, como queda señalado en la obra de Toinet (Pantoja, 2008: 17).


Los dos principios constitucionales contrapuestos son los de división funcional de poderes y la noción de Checks and balances; el constituyente de Filadelfia combinó en versiones mitigadas los dos principios (Pantoja, 2008: 18) en aras de logar un consensuado acuerdo sacrificando teóricamente lo que parecía imposible de combinar.


El Estado estadounidense se encuentra infinitamente fragmentado, no solamente entre los diferentes niveles de jurisdicción, sino en cada uno de éstos, entre instituciones que detentan por separado un fragmente del poder – he aquí la manifestación del principio de división de poderes- ; no obstante, la suma de esos fragmentos de poder forma un todo impresionante, muy complicado, donde el poder Federal ha ido terminando por limitar fácticamente los poderes de los estados (Hoffmann, 1994: 10). La defensa que pretendieron asegurar los padres fundadores de heredar un poder federal sumamente al margen de un federalismo escasamente centralizado fue poco a poco anulada frente al corrimiento real de facultades que el poder en Washington fue adquiriendo.




A pesar que los pueblos celtas poblaron la mayor parte de Europa mucho antes de que Roma fuera República, su mayor influencia y legado posteriores se presentaron en las Islas Británicas y la Galia. La cultura y tradiciones celtas se mantuvieron más presentes en estas regiones en tiempos del dominio imperial romano y la época medieval. Para muestra de esto están las naciones de corte celta que existieron durante la Edad Media: Britania de Armorica, Gales, Escocia e Irlanda. Fue en torno a estos países que surgen las leyendas del Rey Arturo.




Por mucho tiempo se pensó que las versiones del ciclo artúrico difundido entre los celtas del Medioevo eran meras adaptaciones de los orinales franceses de los siglos XII Y XIII. No obstante, investigaciones lingüísticas han demostrado que los textos, desde Chrétien de Troyes hasta Thomas Malory, son muy posteriores a los de origen celta-británo (Markale, 1994: 12). La complejidad literaria y la pluralidad de versiones de la leyenda necesitarían de más de una investigación para ser abordadas. Por ahora, sólo nos concentraremos en el aporte político de la épica.


La contemporánea percepción del Rey Arturo es de corte medieval. Pero detrás de las fervientes hazañas de la leyenda, hay un sistema de valores y una organización muy contrarios al modelo feudal tradicional. El origen celta del mito no pasa desapercibido. Los celtas fueron “hombres de tribus o de clanes, unidos por vínculos legales y sentimentales de parentesco como base moral de la sociedad. No desarrollaron ninguna organización estrictamente territorial, menos aún feudal” (Trevelyan, 1943: 19). La idea de un monarca comprometido con una fraternidad que lo colocaba como un igual ante sus caballeros - un primus inter pares-  refleja esa realidad tribal y comunitaria de los celtas.


La centralización del poder sobre un señor de la guerra fue una realidad que respondía al esquema mítico del más valiente en la organización política de los celtas. Todos eran hijos de la tierra, dominaba y continuaba dominando el que demostrara en su propia naturaleza su carácter supranatural: para la mente celta, las continuas digresiones de la lucha con lo imaginario y lo suprahumano no interrumpían el flujo de la realidad (Markale, 1994: 14). Para ello, antes que nada, todos debían ser iguales entre sí para partir del mismo potencial para ser divinidades. La existencia de un rey subordinado a un código y un estatuto fraterno de una mesa redonda: el ejercicio de poder del Rey Arturo debía ser consensuado por sus hermanos, por los iguales de su élite.







La noción de generar un estamento reducido de gobernantes nos remite a la idea de una élite en el poder. Para Wright Mills, una élite está conformada por individuos que tienen la potestad de tomar decisiones como todas las demás personas; sin embargo, la repercusión de los primeros es muchísimo mayor que de la demás población, ya que ésta no está conformada por gente común y corriente sino que, en términos numéricos, constituye sólo a una minoría (Mills, 1987: 12). Los caballeros de la mesa redonda son esa élite celta y medieval donde la minoría impacta sobre la mayoría.


Otro elemento clave en los ciclos artúricos es la constante presencia de una lucha heroica contra fuerzas rivales, tanto internas como externas. Desde la primera referencia que se tiene de Arturo en la Historia Brittonum de Nennius (Nennius, 2000: 28), donde el magnánimo general Arturo se enfrenta contra los bestiales invasores sajones y los vence en el Monte Badon, hasta las traiciones de los ciclos de Lanzarote –Grial, donde el Rey de los Britanos lucha contra sus más profundas emociones y sus responsabilidades como gobernante. La épica celta porta ‘las grandes luchas internas de los hombres y sus conflictos con su ambiente por medio de batallas reales contra fuerzas hostiles’ (Markale, 1994: 14).


El Rey Arturo no conformaba un grupo de poder por designación divina ni por herencia. La investidura él se la ganó. A pesar de la diversidad de versiones, la mayoría concuerdan con el mito de la Espada en la Piedra. No alcanzaba con el supuesto de haber sido el hijo de un gobernante, tenía que demostrar ante la multitud su capacidad supranatural: tenía que sacar la espada de su matriz terrenal. Siendo ya Rey no bastaba con formar una autocracia, tenía que fortalecerse y legitimarse a través de una selección de los mejores, demostrados por sus méritos y hazañas. El modelo político del Rey Arturo emanaba de una condición de igualdad tribal y unificante, dominada por una aristocracia de los más valientes de entre todos los cofrades. 

 




El estudio sobre lo medieval y lo celta se enfrenta con una enorme  complicación, aunando más a su popularizado desprecio: gran parte de su legado radica en la épica. Todo lo que no pueda ser tan creíble como la evidencia documentada, es casi en automático desechado por la disciplina histórica que no encuentra en el mito utilidad alguna. La división entre la historia y el mito se sustenta en el alegato de la objetividad. ¿Es esta premisa válida para anular la épica de cualquier aportación intelectual?


La objetividad no tiene que ver nada con la búsqueda del intelecto puro. Ésta es sólo una herramienta más para sacudir voluntades sobre una ideología específica, una negociación política impuesta y vestida con pieles de oveja. Cuando se trata de volver a contar algo sucedido, estamos inherentemente atados a expresarlo bajo nuestro punto de vista, dejando los más ínfimos detalles a merced de nuestro criterio y nuestro inconsciente. No podemos decir que la historia valga más que el mito, ambos son elementos fundamentales de la integridad de nuestra realidad.


Para muchos resulta bastante difícil comprenderse así mismos y al ambiente que les rodea como una totalidad; es más fácil quedarse en ver dos caras diferentes a entender que, a pesar de sus contrastes, son parte de la misma moneda. Tal dificultad fue combatida en la división polarizadora del mundo: a favor y en contra, luz y oscuridad, bueno y malvado, lo falso y lo verdadero. Este tipo de distinción maniquea ha sido una solución atractiva para los herederos del pensamiento griego (Markale, 1994, pág. 5). La reivindicación del mito y la totalidad no es únicamente el primer paso al estudio y entendimiento de la cultura celta, sino también un aporte céltico a la forma de ver y cambiar al mundo.


La Mitología y la Épica en cualquier caso siguen la ideología del momento que usualmente sirve de inmediato y práctico interés de la clase gobernante siempre presente, siendo menos una verdad ideal y más un reflejo de una realidad política concreta: unos mandan y otros obedecen, estando de por medio la ideología. Esta idea nos remite a un planteamiento fundamental de la Ciencia Política, donde Gaetano Mosca afirma que no puede haber organización humana sin jerarquía, y cualquier jerarquía exige necesariamente que algunos manden y otros obedezcan” (Mosca, 1998). Por ejemplo, Vercigentorix es la encarnación del rey que gobernó sobre aquél ‘otro’ mundo que los Celtas hallaban más real y subordinante que el suyo (Markale, 1994, pág. 7)



 


Para el análisis de los grupos de poder y las formas políticas, que es lo que nos ocupa, tanto la historia como la épica no deben ser examinadas por su verdad o su falsedad, sino por su reflejo e impacto en la organización humana del espacio y tiempo que tratan. La única diferencia entre la Historia, que transporta la realidad a través de eventos, y la Épica, que transporta la misma realidad a través de la leyenda y el mito, es una epistemológica: ‘la Historia es Épica presentada supuestamente de una manera objetiva, mientras que la Épica es Historia presentada de una forma subjetiva’ (Markale, 1994, pág. 8).


Para la cosmología y la concepción celtas del mundo, entender a la Épica y a la Historia como esas dos caras de un mismo escenario no suena tan descabellado. Al contrario, estas dos facetas de una sola realidad funcionan como una máxima en el quehacer político de gobernantes y gobernados en sociedad de raíces celtas (Markale, 1994, pág. 14). No fue fortuito el hecho de que las épicas medievales, completamente ‘paganas’ en esencia, florecieran en la cara de la Iglesia Católica bajo un maquillaje que la propia maquinaria propagandística de Roma usaría para difundir sus Cruzadas.



Es en este ambiente donde surgen las leyendas del Rey Arturo. Si existió o no aquel glorioso monarca es lo de menos, pues lo que nos importa es la realidad de su influencia. Nada mejor que un enfoque celta para entender la magnitud política de las tradiciones celtas.






Para tener una primera aproximación teórica a lo que es el fenómeno contemporáneo de la globalización siempre he recomendado el libro de Urlich Beck ¿Qué es la Globalización?, obra útil tanto para neófitos como para lectores especializados. La distinción hecha por Beck reconoce los diferentes fenómenos gestados en la segunda modernidad frente a la economía mundial y la individualización. El quehacer político y el papel de la soberanía son reconcebidos en la nueva dinámica global del Estado nacional. Hablar de la popularidad y del uso extenso del término globalización es también hablar de su confusión, no menos extensa. En aras de aclarar la diferenciación de los fenómenos surgidos a finales del siglo XX es que Beck define lo que es la globalización, la globalidad y el globalismo.


El primero de estos fenómenos cuya gestación se remonta a tiempos mucho más remotos que las últimas décadas del siglo XX es el de la globalidad. Partiendo de la premisa de que la tesis de los espacios cerrados es ilusoria, apunta Beck que “hace ya bastante tiempo que vivimos en una sociedad mundial” (Beck, 1998, pág. 28). A pesar de que la intensidad de la permeabilidad de las fronteras entre naciones o grupos siempre ha variado en espacio y tiempo, ésta nunca ha dejado de ser una realidad innegable. La idea de globalidad apela a esa interacción de las distintas formas culturales, económicas y políticas que siempre se han hecho presentes. En otras palabras, la globalidad nos recuerda el hecho de que “nada de cuánto ocurra en nuestro planeta podrá ser un suceso localmente delimitado” (Beck, 1998, pág. 30). Nada nuevo para nuestro siglo ni para el anterior.






Todo aquello que quedaba al margen de la integración de un Estado-nación y de sus designios encuentra su ámbito en la globalidad. La totalidad de las relaciones sociales ajenas a la política ‘doméstica’, planteadas como “sociedad mundial” (Beck, 1998, pág. 28), ilustran esa pluralidad percibida carente de fronteras y de dominio soberano. Recuperando a M. Albrow, Beck comprende esto como una “pluralidad sin unidad” (Beck, 1998, pág. 29). La percepción global de las diferencias locales convergentes en puntos carentes de fronteras políticas es la antesala de las posteriores globalizaciones.


 De esta forma, transitamos del entendimiento de globalidad al surgimiento de la globalización. Para Beck, globalización “significa los procesos en virtud de los cuales los Estados nacionales soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores trasnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios.” (Beck, 1998, pág. 293). Este conjunto de procesos se monta en la propia dinámica de la globalidad para sumarse a los esfuerzos tornadizos de la segunda modernidad. Esto se explica por el diferenciador esencial que implica la irrevisabilidad de la globalidad resultante. Eso mismo es la globalización.


Esto último se entiende como que el carácter pluridimensional debe ser utilizado para entender las distintas lógicas de las globalizaciones ecológica, cultural, económica, política y social; donde ninguna quede reducida por otra y sean entendidas cada una en sí mismas y en mutua interdependencia. El reconocimiento de esta lectura irrevisable de la globalización será una herramienta indispensable para la defensa de su multiplicidad frente al intento de subordinación ideológica del frente económico de la globalización: el globalismo.





Here are some reasons why I profoundly enjoyed this film: I like movies where you get to know people - people you like, that you remember, that you keep with you. I also like it when the guy in the uniform is NOT the hero, but here it's even better - the guy in the uniform is wrong, but not quite all bad... I like when the Turks don't get all the blame. I like it when the Greeks don't get all the blame. I like spices and stars and complicated smells and honest, complex people and I like dreamers and slowly, carefully told tales about human people.




Hijos de la Ilustración, herederos del Renacimiento, escuchad el legítimo reclamo de sus despreciados. La Edad Media brutal, supersticiosa y miserable y los salvajes, sucios e incultos de los celtas y germanos reivindican su poderío, no en la imposición alevosa del humanismo clásico, sino en la vigente latencia de sus valores y sus instituciones. El rechazo al legado celta es un fenómeno que va de la mano con la negación del aporte medieval.


Términos como el de ’bárbaro’, arte ‘gótico’ y ‘Edad Media’ fueron etiquetas que les fueron aplicadas retrospectivamente por las generaciones posteriores, cuando se creía haber abandonado aquélla mancha salvaje y ese periodo ‘intermedio’ para penetrar en uno nuevo. Estos epítetos fueron acuñados por los eruditos humanistas del Renacimiento, que “no creían que las bases de su cultura tuvieran nada que ver con las de sus predecesores medievales, sino con los instruidos patricios de la Roma clásica. “ (Bartlett, 2002, pág. 9).





No ha de sorprendernos como desde aquélla época resultaría muy normal para muchos saltarse con toda tranquilidad de Aristóteles a Maquiavelo, inspirarse en los griegos como la única fuente de ese pasado dorado e ideal, tachando todo lo ajeno a lo helénico como barbárico y prescindible.


Resulta obvio que no se pueden considerar expresiones inventadas de formas deliberadas, no para describir realmente, sino para expresar y divulgar una aprobación o rechazo arbitrarios. Al calor de una campaña ideológica conscientemente realizada para ensalzar un determinado estilo cultural y desacreditar a otros, se construyen prejuicios que escondidos en los caballos de Troya del humanismo y la racionalidad ilustrada, permanecerán defendiendo una sola perspectiva de la realidad como única verdad absoluta.


De esta manera, de 1500 a 1800 se logró generar una perspectiva generalizada y popular donde los griegos y los romanos antiguos se parecían más a ‘nosotros’, esto es, a los modernos, que a esos especímenes medievales. Así, en el centro de la noción de Edad Media está el concepto del ‘otro’. Un caso extremo de esto, como lo rescata Robert Bartlett, es el del poeta John Milton que comparaba ‘la antigua y elegante humanidad de Grecia con el orgullo y la arrogancia salvajes de los hunos y los nórdicos’ (Bartlett, 2002, pág. 11). No obstante, la realidad es antípoda a la prejuiciosa ignorancia. La filosofía y el pensamiento político medieval “son dignos de atención y de estudio no solamente por razones históricas, ya que forman parte integrante de la historia europea, sino también por su valor intrínseco” (Copleston, 1964, pág. 10).


El intento de alimentar hoy de medievalismo y cultura celta al estudio de los grupos de poder y las organizaciones humanas resulta muy atractivo si se pretende erradicar a esos mitos que, en aras de tornar más ‘práctica’ la enseñanza, cultivan ciegos de más de mil años de enseñanzas históricas. Retomando a Walter Ullmann, la “afirmación de que los siglos medievales tienen en los tiempos modernos una continuación perfecta, adquiere una especial importancia referida al impacto de las ideas políticas medievales sobre la formación de conceptos políticos que tan sólo en el período moderno han conocido su completo desarrollo” (Ullmann, 2004 pág. 13).



El desarrollo del pensamiento y el ejercicio políticos ya no parecen tan alejados de esos supuestos tiempos oscuros. 


 



El Cristianismo no sólo fue un fenómeno importante durante todo el Bajo Imperio Romano y el Imperio Bizantino, fue elemento nodal para a decadencia del primero y la formación y desarrollo del segundo. Como lo ha llegado a afirmar un autor, la civilización bizantina si bien era romana en sus orígenes, también era oriental por su situación geográfica, cristiana en cuanto a religión y griega por lengua y tradición. Además, la religión funcionó como piedra angular de aquél gobierno y sociedad. De esta manera, el cristianismo, junto con el helenismo funcionó como factor de cohesión e identidad.





Desde que Constantino I en el Bajo Imperio incorpora a todo el aparato de instituciones derivado de la reforma administrativa de Diocleciano a la iglesia cristiana como un cuerpo público, la noción romana de organización estatal no podría ser entendida sin el cristianismo y su jerarquía. Es de esta manera como el cuerpo eclesiástico se incorpora como parte inherente del Estado imperial y, viceversa, la institución de la iglesia de nutre de la organización administrativa romana. No es hasta las reforma del emperador de oriente Teodosio I que el cuerpo estatal de la iglesia cristiana trasciende como religión oficial y única del Estado. Así el cristianismo comienza a mezclar estrechamente a la Iglesia con toda la vida pública y privada del Imperio.


La iglesia cristiana era protegida por los poderes públicos, debiendo al favor imperial una importancia y una grandeza que crecían sin cesar. La estructura eclesiástica se había puesto al servicio del régimen político, convirtiéndose en un medio de acción gubernamental. No obstante esta subordinación política, el cesaropapismo oriental no era tan unilateral como podría parecer. La iglesia ocupada un lugar muy superior en la sociedad y bastante paralelo en algunas ocasiones al monarca constantinopolitano.


En todas las clases de la sociedad bizantina se encontraba la influencia de la Iglesia cristiana. En todos los estratos se podía observar la misma apasionada afición por las disputas teológicas que en conventos y monasterios. Si la literatura se presenta como la expresión más característica del modo de pensar de un pueblo, es un hecho notable que la teología constituye por sí sola la mitad de lo que se ha producido de la literatura bizantina. Y el mismo fenómeno se manifiesta respecto al arte imperial de la época.






La ortodoxia, que caracterizó la tradición cristiana oriental de la de occidente, siempre fue la manifestación más clara de esa noción homogeneizadora de lo que es correcto y lo que es hereje, permitiendo que a pesar de la gran diversidad étnica e idiomática del Imperio el grueso de la población encontrara en la religión un elemento fortísimo de unidad. Inclusive el papel de la ortodoxia se utilizó con fines políticos separatista, como lo fue el caso de la “herejía” monofisista copta, siriaca y armenia, que bajo el pretexto de la disensión teológica se desalinearon de Constantinopla.


Todo lo que fue el Imperio Bizantino por más de mil años en cuanto a política y administración se debió en gran medida a la todo esa influencia eclesiástica. Ya fuera para bien, para consolidar la autoridad política central y la cohesión social, o para mal, como justificación de cismas políticos, estas prácticas imperiales edificaron un modelo estatal. Dicho modelo generó profundas influencias con las culturas que entraron en contacto con la rica herencia romana oriental. Desde el contacto normando en el mediterráneo con las prácticas administrativas bizantinas hasta la profunda influencia que ejerció el Imperio como deber ser por heredar del principado ruso moscovita y de los reinos de Valaquia, Transilvania – en la actualidad el Estado de Rumania- y Moldavia, los Estados europeos construidos durante la Edad Media y consolidados posteriormente no hubieran sido lo que fueron – y lo que son- sin esa influencia que conservó las formas romanas de gobierno gracias a la influencia de la iglesia cristiana cohesionadora y jerarquicamente organizada.




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Έρβυν Φερνάντεθ Ασέβες

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