Abordar descriptivamente toda la noción de sistema político en el caso particular de los Estados Unidos de Norteamérica implica, de entrada, delimitar conceptualmente a que es a lo que nos referimos con la voz sistema político y lo que es un régimen y una institución política. La acepción tradicional de sistema político se refería a la interrelación entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial dentro de un marco constitucional predeterminado (Bealey, 2003: 405). Casi siempre se incluían a las instituciones políticas y su participación en la formación del gobierno y en la expresión del ordenamiento vigente.


El término ‘régimen’ se utiliza en un sentido más amplio, que comprende los métodos de toma de decisiones y los valores subyacentes en la relación gobierno -Estado. Se habla de ‘regímenes autoritarios’ y de ‘regímenes democráticos’. Pero el significado actual de ‘sistema político’ posee un mayor alcance: el conjunto de instituciones, organizaciones y procesos políticos que, caracterizados por un cierto grado de interdependencia, rigen y conforman la vida política de una determinada comunidad. (Aguirre, 1999).


En este sentido, el estudio sistémico del fenómeno político en cualquier país supone determinar si los confines del sistema se identifican, por ejemplo, con los del Estado-nación, que es el caso de nuestro tiempo; o si los elementos que lo integran, también como ejemplo, son una Constitución escrita, un Parlamento y partidos políticos.


A su vez, por instituciones se conceptualiza aquella entidad pública con estructuras y funciones designadas oficialmente, cuyo fin consiste en regular determinadas actividades concretas que afectan a toda la población. Las instituciones políticas incluyen a los gobiernos, los parlamentos y los poderes judiciales. Sus interrelaciones se hayan definidas en las constituciones. Una institución se distingue de una ‘asociación’ en que esta última se trata de una entidad voluntaria sin alcance universal, aunque las disposiciones internas de las asociaciones adoptan a veces forma institucional (Bealey, 2003: 231).


Así, los Estados Unidos de Norteamérica posee un régimen presidencial de tipo democrático, inscrito a un sistema federal. Partiendo de esta premisa, procederé a describir las fundamentales instituciones políticas del régimen y sistema político norteamericano, abordando primero el antecedente y el marco constitucional y político, posteriormente las reglas del juego – funcionamiento del federalismo, sistema electoral, - para concluir con los actores del sistema mismo - sistema de partidos-.


Ordenamiento Constitucional e Institucional


El Estado de los Estados Unidos de Norteamérica es la democracia continua más vieja del mundo. Establecido desde 1789, edificándose sobre una Constitución aún vigente promulgada en ese mismo año. Cabe mencionar que el antecedente histórico inmediato a la Constitución de 1789 fue la Declaración de Independencia de las trece colonias que fueron, posteriormente, la materia del país en cuestión. Este documento, adoptado por el II Congreso continental el 4 de julio, fue un rechazo a la autoridad política y tributaria que Inglaterra deseaba imponerles. La declaración se conforma con exponer los motivos de la ruptura, sino que propone una definición de los derechos y de los deberes de los ciudadanos, así como de los estados (Toinet, 1994: 26).





El sistema político de Estados Unidos ha conocido una estabilidad casi permanente a lo largo de su historia, salvo por la etapa de la guerra civil desatada tras el triunfo electoral de Abraham Lincoln en 1860. No obstante, cabe resaltar que pese al conflicto armado, en esa época se llevaron a cabo elecciones presidenciales y parlamentarias. Estados Unidos es “una república presidencial federal compuesta por 50 estados. [a] La constitución vigente… se le ha agregado 26 enmiendas, las diez primeras relativas a los derechos del ciudadano frente al Estado -Bill of Rights-. La estructura del gobierno está determinada por una estricta división de poderes, base del sistema de Checks and balances (verificación y balance) entre el Ejecutivo, el Legislativo y le Judicial” (Aguirre, 1997: 175). Sin embargo, esta división de poder implica, a su vez, una gran complejidad de principios teóricamente contradictorios pero prácticamente complementados, como queda señalado en la obra de Toinet (Pantoja, 2008: 17).


Los dos principios constitucionales contrapuestos son los de división funcional de poderes y la noción de Checks and balances; el constituyente de Filadelfia combinó en versiones mitigadas los dos principios (Pantoja, 2008: 18) en aras de logar un consensuado acuerdo sacrificando teóricamente lo que parecía imposible de combinar.


El Estado estadounidense se encuentra infinitamente fragmentado, no solamente entre los diferentes niveles de jurisdicción, sino en cada uno de éstos, entre instituciones que detentan por separado un fragmente del poder – he aquí la manifestación del principio de división de poderes- ; no obstante, la suma de esos fragmentos de poder forma un todo impresionante, muy complicado, donde el poder Federal ha ido terminando por limitar fácticamente los poderes de los estados (Hoffmann, 1994: 10). La defensa que pretendieron asegurar los padres fundadores de heredar un poder federal sumamente al margen de un federalismo escasamente centralizado fue poco a poco anulada frente al corrimiento real de facultades que el poder en Washington fue adquiriendo.


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Έρβυν Φερνάντεθ Ασέβες

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