Abordar descriptivamente toda la noción de sistema político en el caso particular de los Estados Unidos de Norteamérica implica, de entrada, delimitar conceptualmente a que es a lo que nos referimos con la voz sistema político y lo que es un régimen y una institución política. La acepción tradicional de sistema político se refería a la interrelación entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial dentro de un marco constitucional predeterminado (Bealey, 2003: 405). Casi siempre se incluían a las instituciones políticas y su participación en la formación del gobierno y en la expresión del ordenamiento vigente.


El término ‘régimen’ se utiliza en un sentido más amplio, que comprende los métodos de toma de decisiones y los valores subyacentes en la relación gobierno -Estado. Se habla de ‘regímenes autoritarios’ y de ‘regímenes democráticos’. Pero el significado actual de ‘sistema político’ posee un mayor alcance: el conjunto de instituciones, organizaciones y procesos políticos que, caracterizados por un cierto grado de interdependencia, rigen y conforman la vida política de una determinada comunidad. (Aguirre, 1999).


En este sentido, el estudio sistémico del fenómeno político en cualquier país supone determinar si los confines del sistema se identifican, por ejemplo, con los del Estado-nación, que es el caso de nuestro tiempo; o si los elementos que lo integran, también como ejemplo, son una Constitución escrita, un Parlamento y partidos políticos.


A su vez, por instituciones se conceptualiza aquella entidad pública con estructuras y funciones designadas oficialmente, cuyo fin consiste en regular determinadas actividades concretas que afectan a toda la población. Las instituciones políticas incluyen a los gobiernos, los parlamentos y los poderes judiciales. Sus interrelaciones se hayan definidas en las constituciones. Una institución se distingue de una ‘asociación’ en que esta última se trata de una entidad voluntaria sin alcance universal, aunque las disposiciones internas de las asociaciones adoptan a veces forma institucional (Bealey, 2003: 231).


Así, los Estados Unidos de Norteamérica posee un régimen presidencial de tipo democrático, inscrito a un sistema federal. Partiendo de esta premisa, procederé a describir las fundamentales instituciones políticas del régimen y sistema político norteamericano, abordando primero el antecedente y el marco constitucional y político, posteriormente las reglas del juego – funcionamiento del federalismo, sistema electoral, - para concluir con los actores del sistema mismo - sistema de partidos-.


Ordenamiento Constitucional e Institucional


El Estado de los Estados Unidos de Norteamérica es la democracia continua más vieja del mundo. Establecido desde 1789, edificándose sobre una Constitución aún vigente promulgada en ese mismo año. Cabe mencionar que el antecedente histórico inmediato a la Constitución de 1789 fue la Declaración de Independencia de las trece colonias que fueron, posteriormente, la materia del país en cuestión. Este documento, adoptado por el II Congreso continental el 4 de julio, fue un rechazo a la autoridad política y tributaria que Inglaterra deseaba imponerles. La declaración se conforma con exponer los motivos de la ruptura, sino que propone una definición de los derechos y de los deberes de los ciudadanos, así como de los estados (Toinet, 1994: 26).





El sistema político de Estados Unidos ha conocido una estabilidad casi permanente a lo largo de su historia, salvo por la etapa de la guerra civil desatada tras el triunfo electoral de Abraham Lincoln en 1860. No obstante, cabe resaltar que pese al conflicto armado, en esa época se llevaron a cabo elecciones presidenciales y parlamentarias. Estados Unidos es “una república presidencial federal compuesta por 50 estados. [a] La constitución vigente… se le ha agregado 26 enmiendas, las diez primeras relativas a los derechos del ciudadano frente al Estado -Bill of Rights-. La estructura del gobierno está determinada por una estricta división de poderes, base del sistema de Checks and balances (verificación y balance) entre el Ejecutivo, el Legislativo y le Judicial” (Aguirre, 1997: 175). Sin embargo, esta división de poder implica, a su vez, una gran complejidad de principios teóricamente contradictorios pero prácticamente complementados, como queda señalado en la obra de Toinet (Pantoja, 2008: 17).


Los dos principios constitucionales contrapuestos son los de división funcional de poderes y la noción de Checks and balances; el constituyente de Filadelfia combinó en versiones mitigadas los dos principios (Pantoja, 2008: 18) en aras de logar un consensuado acuerdo sacrificando teóricamente lo que parecía imposible de combinar.


El Estado estadounidense se encuentra infinitamente fragmentado, no solamente entre los diferentes niveles de jurisdicción, sino en cada uno de éstos, entre instituciones que detentan por separado un fragmente del poder – he aquí la manifestación del principio de división de poderes- ; no obstante, la suma de esos fragmentos de poder forma un todo impresionante, muy complicado, donde el poder Federal ha ido terminando por limitar fácticamente los poderes de los estados (Hoffmann, 1994: 10). La defensa que pretendieron asegurar los padres fundadores de heredar un poder federal sumamente al margen de un federalismo escasamente centralizado fue poco a poco anulada frente al corrimiento real de facultades que el poder en Washington fue adquiriendo.




A pesar que los pueblos celtas poblaron la mayor parte de Europa mucho antes de que Roma fuera República, su mayor influencia y legado posteriores se presentaron en las Islas Británicas y la Galia. La cultura y tradiciones celtas se mantuvieron más presentes en estas regiones en tiempos del dominio imperial romano y la época medieval. Para muestra de esto están las naciones de corte celta que existieron durante la Edad Media: Britania de Armorica, Gales, Escocia e Irlanda. Fue en torno a estos países que surgen las leyendas del Rey Arturo.




Por mucho tiempo se pensó que las versiones del ciclo artúrico difundido entre los celtas del Medioevo eran meras adaptaciones de los orinales franceses de los siglos XII Y XIII. No obstante, investigaciones lingüísticas han demostrado que los textos, desde Chrétien de Troyes hasta Thomas Malory, son muy posteriores a los de origen celta-británo (Markale, 1994: 12). La complejidad literaria y la pluralidad de versiones de la leyenda necesitarían de más de una investigación para ser abordadas. Por ahora, sólo nos concentraremos en el aporte político de la épica.


La contemporánea percepción del Rey Arturo es de corte medieval. Pero detrás de las fervientes hazañas de la leyenda, hay un sistema de valores y una organización muy contrarios al modelo feudal tradicional. El origen celta del mito no pasa desapercibido. Los celtas fueron “hombres de tribus o de clanes, unidos por vínculos legales y sentimentales de parentesco como base moral de la sociedad. No desarrollaron ninguna organización estrictamente territorial, menos aún feudal” (Trevelyan, 1943: 19). La idea de un monarca comprometido con una fraternidad que lo colocaba como un igual ante sus caballeros - un primus inter pares-  refleja esa realidad tribal y comunitaria de los celtas.


La centralización del poder sobre un señor de la guerra fue una realidad que respondía al esquema mítico del más valiente en la organización política de los celtas. Todos eran hijos de la tierra, dominaba y continuaba dominando el que demostrara en su propia naturaleza su carácter supranatural: para la mente celta, las continuas digresiones de la lucha con lo imaginario y lo suprahumano no interrumpían el flujo de la realidad (Markale, 1994: 14). Para ello, antes que nada, todos debían ser iguales entre sí para partir del mismo potencial para ser divinidades. La existencia de un rey subordinado a un código y un estatuto fraterno de una mesa redonda: el ejercicio de poder del Rey Arturo debía ser consensuado por sus hermanos, por los iguales de su élite.







La noción de generar un estamento reducido de gobernantes nos remite a la idea de una élite en el poder. Para Wright Mills, una élite está conformada por individuos que tienen la potestad de tomar decisiones como todas las demás personas; sin embargo, la repercusión de los primeros es muchísimo mayor que de la demás población, ya que ésta no está conformada por gente común y corriente sino que, en términos numéricos, constituye sólo a una minoría (Mills, 1987: 12). Los caballeros de la mesa redonda son esa élite celta y medieval donde la minoría impacta sobre la mayoría.


Otro elemento clave en los ciclos artúricos es la constante presencia de una lucha heroica contra fuerzas rivales, tanto internas como externas. Desde la primera referencia que se tiene de Arturo en la Historia Brittonum de Nennius (Nennius, 2000: 28), donde el magnánimo general Arturo se enfrenta contra los bestiales invasores sajones y los vence en el Monte Badon, hasta las traiciones de los ciclos de Lanzarote –Grial, donde el Rey de los Britanos lucha contra sus más profundas emociones y sus responsabilidades como gobernante. La épica celta porta ‘las grandes luchas internas de los hombres y sus conflictos con su ambiente por medio de batallas reales contra fuerzas hostiles’ (Markale, 1994: 14).


El Rey Arturo no conformaba un grupo de poder por designación divina ni por herencia. La investidura él se la ganó. A pesar de la diversidad de versiones, la mayoría concuerdan con el mito de la Espada en la Piedra. No alcanzaba con el supuesto de haber sido el hijo de un gobernante, tenía que demostrar ante la multitud su capacidad supranatural: tenía que sacar la espada de su matriz terrenal. Siendo ya Rey no bastaba con formar una autocracia, tenía que fortalecerse y legitimarse a través de una selección de los mejores, demostrados por sus méritos y hazañas. El modelo político del Rey Arturo emanaba de una condición de igualdad tribal y unificante, dominada por una aristocracia de los más valientes de entre todos los cofrades. 

 




El estudio sobre lo medieval y lo celta se enfrenta con una enorme  complicación, aunando más a su popularizado desprecio: gran parte de su legado radica en la épica. Todo lo que no pueda ser tan creíble como la evidencia documentada, es casi en automático desechado por la disciplina histórica que no encuentra en el mito utilidad alguna. La división entre la historia y el mito se sustenta en el alegato de la objetividad. ¿Es esta premisa válida para anular la épica de cualquier aportación intelectual?


La objetividad no tiene que ver nada con la búsqueda del intelecto puro. Ésta es sólo una herramienta más para sacudir voluntades sobre una ideología específica, una negociación política impuesta y vestida con pieles de oveja. Cuando se trata de volver a contar algo sucedido, estamos inherentemente atados a expresarlo bajo nuestro punto de vista, dejando los más ínfimos detalles a merced de nuestro criterio y nuestro inconsciente. No podemos decir que la historia valga más que el mito, ambos son elementos fundamentales de la integridad de nuestra realidad.


Para muchos resulta bastante difícil comprenderse así mismos y al ambiente que les rodea como una totalidad; es más fácil quedarse en ver dos caras diferentes a entender que, a pesar de sus contrastes, son parte de la misma moneda. Tal dificultad fue combatida en la división polarizadora del mundo: a favor y en contra, luz y oscuridad, bueno y malvado, lo falso y lo verdadero. Este tipo de distinción maniquea ha sido una solución atractiva para los herederos del pensamiento griego (Markale, 1994, pág. 5). La reivindicación del mito y la totalidad no es únicamente el primer paso al estudio y entendimiento de la cultura celta, sino también un aporte céltico a la forma de ver y cambiar al mundo.


La Mitología y la Épica en cualquier caso siguen la ideología del momento que usualmente sirve de inmediato y práctico interés de la clase gobernante siempre presente, siendo menos una verdad ideal y más un reflejo de una realidad política concreta: unos mandan y otros obedecen, estando de por medio la ideología. Esta idea nos remite a un planteamiento fundamental de la Ciencia Política, donde Gaetano Mosca afirma que no puede haber organización humana sin jerarquía, y cualquier jerarquía exige necesariamente que algunos manden y otros obedezcan” (Mosca, 1998). Por ejemplo, Vercigentorix es la encarnación del rey que gobernó sobre aquél ‘otro’ mundo que los Celtas hallaban más real y subordinante que el suyo (Markale, 1994, pág. 7)



 


Para el análisis de los grupos de poder y las formas políticas, que es lo que nos ocupa, tanto la historia como la épica no deben ser examinadas por su verdad o su falsedad, sino por su reflejo e impacto en la organización humana del espacio y tiempo que tratan. La única diferencia entre la Historia, que transporta la realidad a través de eventos, y la Épica, que transporta la misma realidad a través de la leyenda y el mito, es una epistemológica: ‘la Historia es Épica presentada supuestamente de una manera objetiva, mientras que la Épica es Historia presentada de una forma subjetiva’ (Markale, 1994, pág. 8).


Para la cosmología y la concepción celtas del mundo, entender a la Épica y a la Historia como esas dos caras de un mismo escenario no suena tan descabellado. Al contrario, estas dos facetas de una sola realidad funcionan como una máxima en el quehacer político de gobernantes y gobernados en sociedad de raíces celtas (Markale, 1994, pág. 14). No fue fortuito el hecho de que las épicas medievales, completamente ‘paganas’ en esencia, florecieran en la cara de la Iglesia Católica bajo un maquillaje que la propia maquinaria propagandística de Roma usaría para difundir sus Cruzadas.



Es en este ambiente donde surgen las leyendas del Rey Arturo. Si existió o no aquel glorioso monarca es lo de menos, pues lo que nos importa es la realidad de su influencia. Nada mejor que un enfoque celta para entender la magnitud política de las tradiciones celtas.



Έρβυν Φερνάντεθ Ασέβες

Έρβυν Φερνάντεθ Ασέβες