El Poder Ejecutivo

El Poder Ejecutivo está encabezado por el presidente de los Estados Unidos de América, electo cada cuatro años. Sus funciones incluyen las de jefe de Estado y de gobierno. La elección del titular del Ejecutivo se realiza de forma indirecta, mediante la selección, por parte de los ciudadanos, de 538 electores, quienes son los encargados de designarlo (Aguirre, 1997: 175) . El primer mandatario tiene la posibilidad de reelegirse para el cargo, aunque esta facultad fue restringida en 1951 cuando se estableció la reelección limitada a un único periodo, esto después de la experiencia de las reelecciones previas de Roosevelt, que habían roto con la consuetudinaria norma establecida por Washington al haberse retirado después del segundo periodo (Pasquino, 2004: 102).

El presidente fundamenta sus poderes en el artículo 2º de la Constitución, donde a pesar de su extrema imprecisión acerca de sus funciones particulares y sobre la distinción del cargo entre título o poder, el texto fundamental confiere al titular del Ejecutivo una fuente esencial de autoridad al decir que ‘velará por la fiel ejecución de las leyes’; de aquí deriva el enorme poder de reglamentación del Presidente. (Toinet, 1994: 132). La figura de la cabeza ejecutiva norteamericana se ha tornado así en una institución como máximo ejecutor de las normas fundido en la titularidad tanto del Estado como del ejercicio gubernamental.

El titular del ejecutivo posee la facultad de nombrar y remover a los miembros de su gabinete, aunque cada nombramiento debe contar con la aprobación formal del Senado (Aguirre, 1997: 176). Entre estas capacidades también se encuentra la de fungir como comandante en jefe de las fuerzas armadas, así como la de conducir la política exterior del país. Puede firmar tratados internacionales, los cuales deben ser ratificados por el Senado. También puede proponer a los embajadores en el extranjero que, como en el caso de los tratados internacionales, deben ser ratificados por la Cámara alta (Aguirre, 1999) . Al contrario de lo que sucede en la mayoría de los regímenes presidenciales, el número de puestos en el gabinete –secretarías- está estrictamente regulado por la ley. El ejecutivo no puede restringir ni crear secretarías sin la aprobación expresa del Congreso. El presidente, como titular indiscutible del Poder Ejecutivo, ejerce un control absoluto sobre las acciones del gabinete, cuyos miembros no tienen la posibilidad de contradecir en ninguna forma al jefe de Estado.

Además, el mandatario presidencial es el comandante en jefe de las fuerzas armadas, ejerciendo como máxima autoridad en términos de defensa y ofensiva:

El Presidente será comandante en jefe del Ejército y la Marina de Estados Unidos y de la milicia de los diferentes estados cuando se la convoque al servicio efectivo de Estados Unidos; puede requerir la opinión, por escrito del funcionario principal de cada uno de los departamentos ejecutivos, acerca de un asunto cualquiera relacionado con los deberes de sus respectivos cargos, y tendrá poder para otorgar indultos y perdones por delitos cometidos contra Estados Unidos, excepto en los casos de juicio político. (Corwin, 1987: 210)

El presidente tiene el derecho de enviar al Congreso iniciativas de ley para su discusión y su eventual aprobación. También puede vetar una ley procedente del Congreso, aunque dicho veto puede ser superado si dos terceras partes de los miembros de cada cámara legislativa votan a favor de confirmar la aprobación de la ley en cuestión (Aguirre, 1997: 176). El jefe de Estado puede ser sometido a un juicio político -conocido como impeachment- y removido de su cargo por el Congreso si se comprueba que cometió traición al país, actos de corrupción u otros crímenes o fechorías graves durante su mandato (Aguirre, 1997: 176).

Ante la ausencia total del presidente por remoción, muerte o renuncia, la jefatura del Estado y del gobierno será asumida inmediatamente por el vicepresidente. El vicepresidente es electo junto con el presidente en una misma planilla electoral el día de los comicios presidenciales. Actualmente, los candidatos a la presidencia tienen la libertad de nombrar a quien será su compañero de fórmula, designación que deberá ser avalada por la Convención Nacional del partido respectivo (Aguirre, 1997: 176). El compañero de fórmula ha sido tradicionalmente escogido con base en consideraciones relacionadas con el mantenimiento del equilibrio entre las facciones hacia el interior del partido y no necesariamente debido a sus méritos.

El vicepresidente ha tenido históricamente una función secundaria e intranscendente. Desde luego, se han dado algunas excepciones, pero la regla para la vicepresidencia ha sido hasta el momento la de constituir un puesto sin mayor repercusión política, concebida en el mejor de los casos como una ‘sala de espera’ para quienes aspiran a ocupar algún día la Casa Blanca. Al respecto, cabe recordar las palabras del primer vicepresidente de la historia de Estados Unidos, John Adams, quien encontró la vicepresidencia "demasiado inactiva e insignificante" (Aguirre, 1999). El vicepresidente funge como presidente del Senado, aunque no tiene derecho a voto en las decisiones de este cuerpo legislativo, salvo en caso de empate (Aguirre, 1997: 178).


El Poder Judicial

El papel que este Poder desempeña en este sistema es mucho más vital que en otro sistema donde exista la división de poderes, “en ningún pías del mundo los tribunales y las profesiones judiciarias desempeñan un papel tan importante como en los Estados Unidos” (Toinet, 1994: 194). Esta gigantesca importancia ya había quedado delatada en la obra de Tocqueville, La Democracia en América, cuando habla de la alta categoría que ocupa el Tribunal Supremo entre los poderes. El Poder Judicial, en particular la Suprema Corte, ha jugado un papel destacado en el sistema de checks and balances, dictando sentencias en todos los órdenes de la vida pública y privada, en cuestiones tan importantes como el federalismo, los derechos civiles, las relativas a la pena de muerte y al aborto, además en asuntos como las restricciones a las atribuciones del titular del Ejecutivo (Aguirre, 1999). Además, cabe mencionar que la propia lógica del federalismo ha sido expresada fuertemente en la estructura jurídica (Toinet, 1994: 194).

El Poder Judicial Federal de Estados Unidos está compuesto por la Suprema Corte de Justicia y por diversas cortes subsidiarias. En el territorio estadounidense existen 12 circuitos federales, en cada uno de los cuales existe una Corte de Apelación para casos relacionados con leyes federales, delitos cometidos en dos o más estados, así como casos civiles y mercantiles que involucren leyes o ciudadanos de distintos estados. Además, existen 94 Cortes Federales de Distrito, que son los tribunales de primera instancia en relación con los litigios federales.

Bajo la lógica federal ya antes mencionada, los estados cuentan con cortes supremas, así como con distintos tribunales que manejan la mayoría de los litigios civiles y penales. Cada estado cuenta con legislación propia, así como con su barra de abogados que certifica a los litigantes que pueden ejercer en la jurisdicción correspondiente. La independencia local de la jerarquía judicial igualmente es políticamente fuerte y administrativamente amplia.

Quién ha encarnado la máxima titularidad del Poder Judicial de la Federación Americana ha sido la Suprema Corte de Justicia. La función de este Poder como máximo intérprete de la Constitución otorga a este tribunal facultades extraordinarias y puede declarar inconstitucionales cualquiera de los actos de los miembros de los poderes federales y locales (Aguirre, 1999). Cabe mencionar que la anterior no es una facultad constitucional,  no obstante, ha sido ganada a pulso gracias a la propia iniciativa política de quienes han sido sus integrantes a través de toda la historia de esta nación. La Suprema Corte de Justicia es la encargada de revisar la constitucionalidad de las leyes emanadas del Legislativo así como de los actos realizados por el Ejecutivo. El Tribunal Supremo cuenta con nueve jueces vitalicios, designados por el presidente con la aprobación del Senado, todo esto respaldado en el artículo 3ro constitucional (Toinet, 1994: 197). Por su posición como principal intérprete de la Constitución, el papel político que desempeña la Suprema Corte no es nada desdeñable.

El gran número de decisiones que emanan de este tribunal y que afectan la vida cotidiana de los norteamericanos ha convertido al nombramiento de los magistrados que efectúa el Presidente en uno de los principales temas políticos del país, presente en cada elección presidencial. Por regla general, se espera que un mandatario demócrata designe jueces con tendencias liberales, mientras que un republicano se inclinará por magistrados de corte conservador (Aguirre, 1997: 178). Ya lo había apuntado Tocqueville en su obra ya anteriormente mencionada, en los jueces de esta Suprema Corte “descansan incesantemente la paz, la prosperidad, la existencia misma de la Unión. Sin ellos, la Constitución es una obra muerta” (Hoffmann, 1994: 9). Este tribual es, sin duda, el corazón y la fuente de la gran vitalidad que juega el Poder Judicial en la construcción cotidiana de todo el Sistema Político.

Cabe mencionar que para la Constitución que engendra este sistema político, la Suprema Corte es el único tribunal que existe, señoreando la doble jerarquía federal y estatal:. En otras palabras, constitucionalmente, la existencia del poder Judicial  de los EEUU reside únicamente en el tribunal supremo. En resumidas cuentas, la Suprema Corte es también Consejo constitucional, Tribunal de casación y Consejo de Estado (Toinet, 1994: 197).


Poder Legislativo

Este poder se hace manifiesto a través de un Congreso federal de estructura en dos cámaras, demostrando su herencia directa de la organización inglesa en una cámara alta y en otra baja. En lugar de una cámara de lores, hay un Senado, y en vez de una cámara de comunes, el caso norteamericano posee una de representantes de todos los estados de la federación. El Congreso es resultado de un compromiso institucional: garantizar al mismo tiempo la representación de los estados y la representación popular (Toinet, 1994: 103).

El Senado está integrada por 100 miembros electos por los estados de la Federación, para un mandato de seis años. Pueden ser reelectos de forma ilimitada. Cada estado elige dos representantes al Senado, sin tomar en cuenta el tamaño de su territorio o el número de habitantes. La Cámara alta se renueva por tercios. (Aguirre, 1999). Un tercio del Senado se renueva cada dos años. Los senadores -quienes originalmente eran electos en forma indirecta- en la actualidad son electos directamente por los ciudadanos en virtud de una reforma constitucional aprobada en 1913 (Aguirre, 1997: 177) .

La cámara baja cuenta con 435 miembros, electos mediante sufragio universal. Para esta elección, el país se divide en igual número de distritos electorales conforme a un criterio poblacional. El encargo de los representantes es de dos años y tienen también la posibilidad de reelegirse en forma ilimitada. La Cámara baja se renueva en su totalidad cada dos años, a menos que existan bajas de algunos de sus miembros, en cuyo caso se pueden presentar elecciones especiales para cubrir las vacantes conocidas como by-elections (Aguirre, 1999) .

El número de representantes de cada estado en la cámara baja es directamente proporcional a la dimensión de su población. El mandato de los representantes dura dos años. Tanto senadores como representantes tienen el derecho de intentar reelegirse indefinidamente (Aguirre, 1997: 1977).

Para el cumplimiento de sus múltiples atribuciones, ambas cámaras se dividen en distintos comités, que son responsables de estudiar y aprobar las iniciativas y propuestas relativas a su especialidad antes de ser llevadas al pleno de la Cámara respectiva. Toda la legislación que se ponga a la consideración del Congreso se discute y analiza primero en el comité respectivo, el cual está obligado a emitir su opinión al pleno de la cámara, que al final del proceso decide mediante la votación de sus miembros la aprobación o el rechazo de la iniciativa. Para que una ley sea sancionada por el Congreso, ésta deberá necesariamente contar con el visto bueno de ambas cámaras (Aguirre, 1997: 177). El sistema estadounidense requiere que la iniciativa correspondiente sea discutida y aprobada en el pleno de ambas cámaras para después ser promulgada, o en su caso vetada, por el titular del Ejecutivo.

Respecto a las enmiendas constitucionales, se requiere el voto aprobatorio de una mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros de de cada cámara, así como de la ratificación de tres cuartas partes de las legislaturas de los estados. (Aguirre, 1999).Una de las principales características que distinguen al Congreso norteamericano de otras cámaras legislativas en el mundo es la ausencia casi total de la disciplina de voto entre los legisladores. 

Tanto representantes como senadores gozan de una amplia libertad de criterio en el momento de adoptar una postura frente a las cuestiones que se discuten en las cámaras. Esta independencia es una consecuencia de las particularidades del sistema de partidos norteamericano -como lo son la verbigracia o los lobbies-.



A toda la comunidad le hago la más atenta invitación a los próximos eventos a realizarse el Viernes 4 de Diciembre en el CELE a las 14:00 hrs. Celebraremos  a lo grande la clausura del primer ciclo de conferencias sobre la historia, la cultura y la lengua helénicas.








¡NO FALTEN!

 

Έρβυν Φερνάντεθ Ασέβες

Έρβυν Φερνάντεθ Ασέβες